Organizaciones alertan sobre la persistencia del modelo extractivo en el Arco Minero
En una reciente audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones nacionales e internacionales denunciaron la consolidación del m
Este miércoles, 5 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una Audiencia Pública crucial bajo el título “Impacto de la minería y actividades extractivas en Venezuela”. Durante este evento, diversas organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, alzaron su voz para denunciar la alarmante consolidación de un modelo extractivo en la vasta región del sur de Venezuela, un territorio rico en recursos minerales.
Los representantes de estas organizaciones expusieron detalladamente las consecuencias de este modelo, enfocándose particularmente en el Arco Minero del Orinoco. Respondieron preguntas específicas sobre la precaria situación de los derechos humanos en esta zona, poniendo de manifiesto cómo las operaciones mineras, muchas de ellas de carácter informal o sin regulación adecuada, generan graves violaciones a los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas y locales, además de provocar severos daños ambientales.
El Arco Minero del Orinoco, una franja de aproximadamente 111.000 kilómetros cuadrados en el estado Bolívar, ha sido objeto de controversia desde su creación oficial en 2016. Si bien se presentó como una estrategia para diversificar la economía venezolana más allá del petróleo, su implementación ha sido criticada por la falta de transparencia, la militarización de la zona y el incremento de actividades mineras ilegales. Estas operaciones explotan oro, coltán, diamantes y otros minerales, con un impacto devastador en ecosistemas sensibles como la selva amazónica y las fuentes hídricas.
La audiencia de la CIDH subraya la urgencia de una revisión profunda de las políticas extractivas en Venezuela. Las organizaciones hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades venezolanas para garantizar el respeto de los derechos humanos, proteger el medio ambiente y promover un desarrollo más sostenible. La continuidad de este modelo extractivo sin control adecuado amenaza no solo la biodiversidad y la estabilidad ecológica de la región, sino también el futuro y la dignidad de sus habitantes.