La Prefectura Naval Argentina intima a prácticos por edicto; conflicto por Decreto 690 detiene operaciones marítimas clave
La Prefectura Naval Argentina ha emitido un edicto intimando a los profesionales del practicaje y pilotaje a reanudar sus servicios de inmediato, calificando su negativa
La Prefectura Naval Argentina ha elevado la presión sobre los profesionales del practicaje y pilotaje, emitiendo un edicto oficial que los intima a la inmediata reanudación de sus servicios. Esta acción se produce en medio de un conflicto laboral que ha generado la paralización de más de 200 embarcaciones, con graves repercusiones para el tráfico marítimo y la cadena de suministro, particularmente en puertos estratégicos para el sector energético como Bahía Blanca. La medida de fuerza surge como respuesta a la implementación del nuevo Decreto 690/2026, que modifica sustancialmente el marco regulatorio de la actividad.
El edicto de la Prefectura no solo notifica, sino que encadena una serie de apercibimientos contundentes. En primer lugar, califica la negativa a prestar servicio como una "falta grave" según los términos del Anexo I del propio Decreto 690/2026. Además, remite el juzgamiento administrativo de dicha conducta a este anexo y al Decreto 37/2025, el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, que contempla sanciones específicas en sus artículos 599.0101 y 599.0102. La advertencia más severa, sin embargo, trasciende la vía administrativa: el texto advierte que cualquier acción que facilite la interrupción del servicio podría ser encuadrada dentro de los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, transcribiendo los artículos 190 y 194 del Código Penal, que prevén penas de prisión de hasta ocho años.
El centro de la controversia es el Decreto 690/2026, promulgado el 30 de julio y vigente desde el 1 de agosto, llevando las firmas del presidente Javier Milei y otros funcionarios clave. Esta normativa deroga el Decreto 2694/91, que había regido la actividad por más de tres décadas. Entre sus disposiciones más relevantes, el artículo 2 obliga a la Prefectura a mantener un registro de prácticos sin límite de número, incluyendo a todo profesional idóneo que lo solicite. El artículo 3 transforma a los prácticos en profesionales independientes, permitiendo su contratación directa por los usuarios. Asimismo, el artículo 7 traslada a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la potestad de fijar tarifas máximas, prohibiendo la facturación separada de maniobras como fondeo o atraque, lo que apunta a una mayor transparencia y competitividad.
La paralización de las operaciones marítimas tiene un impacto directo y preocupante en el sector energético, especialmente en Bahía Blanca, un nodo crucial para la exportación e importación de hidrocarburos y otros productos esenciales. Buques de carga pesada, como el "White Marlin" que figura en los registros AIS frente a esta localidad, son vitales para el traslado de equipos y materias primas que sustentan la industria. La continuidad de este conflicto podría generar retrasos significativos, mayores costos operativos y potenciales interrupciones en la cadena de suministro energético, afectando no solo a Argentina sino también a las operaciones de comercio exterior vinculadas a la región. La magnitud de la protesta y la firmeza de la respuesta oficial anticipan un desenlace complejo para esta disputa regulatoria.