Presuntos guerrilleros del ELN utilizan drones para monitorear a la población minera en Bolívar
Reportes indican que presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están empleando drones para vigilar a las comunidades mineras en Los Pijiguaos, municipi
Presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han sido reportados utilizando drones para monitorear a la población minera en Los Pijiguaos, un área ubicada en el municipio Cedeño del estado Bolívar, Venezuela. Esta nueva táctica de vigilancia aérea por parte de un grupo armado no estatal intensifica las preocupaciones sobre la seguridad en una de las regiones con mayor actividad minera del país, conocida por sus reservas de oro, coltán y otros minerales preciosos. La presencia y el accionar de estos grupos representan un desafío significativo para la estabilidad y el control territorial.
El uso de tecnología como los drones por parte del ELN en zonas mineras no es un hecho aislado. Se enmarca en una estrategia más amplia de consolidación territorial y control de economías ilícitas, que incluyen la minería ilegal y el tráfico de drogas, especialmente en estados fronterizos con Colombia. El estado Bolívar, debido a su vasta extensión y la riqueza de sus recursos, se ha convertido en un punto neurálgico para estas operaciones, donde diversos actores armados compiten por el control de las minas y las rutas de extracción y comercialización.
La implementación de drones por parte del ELN permite una capacidad de monitoreo y vigilancia más sofisticada sobre las comunidades mineras y las actividades extractivas. Esto no solo facilita la intimidación y la extorsión de los mineros y pequeños productores, sino que también otorga a estos grupos una ventaja táctica para supervisar los movimientos de las fuerzas de seguridad y de otros grupos rivales. La vigilancia aérea puede ser un preludio a la imposición de 'vacunas' (extorsiones) o al control directo sobre las cadenas de suministro de los minerales, afectando gravemente la ya precaria situación de los trabajadores y el flujo legal de minerales.
Esta situación plantea serias interrogantes sobre la soberanía territorial y la capacidad del Estado venezolano para garantizar la seguridad en zonas estratégicas para su economía. La incursión de grupos armados con capacidad tecnológica en el sector minero no solo compromete la vida de miles de personas que dependen de esta actividad, sino que también desincentiva cualquier posible inversión formal en el sector, profundizando el ciclo de informalidad y violencia. El impacto en el sector energético y minero es directo, ya que la inestabilidad y la falta de control estatal hacen que la extracción de recursos sea más riesgosa e impredecible.