Impuesto a los Combustibles: Argentina Vuelve a Postergar la Actualización Plena para Mitigar el Impacto en el Surtidor

El gobierno argentino ha extendido por undécima vez la postergación de la aplicación plena de la actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido d

El gobierno argentino ha extendido una vez más el diferimiento de la aplicación plena de la actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono, postergando su implementación hasta el 1° de septiembre. Esta decisión, formalizada mediante el Decreto 693/2026 y publicada en el Boletín Oficial, marca la undécima prórroga consecutiva desde que el Decreto 617/2025 fijara inicialmente la fecha de actualización. La ley 23.966 y el Decreto 501/18 establecen que los montos fijos de este tributo deben actualizarse trimestralmente (en enero, abril, julio y octubre) según el índice de precios del INDEC, una cadencia que, en la práctica, ha sido reemplazada por ajustes mensuales excepcionales vía decreto.

Es crucial diferenciar que este diferimiento no constituye un congelamiento total del impuesto. En lugar de ello, cada decreto gubernamental otorga una porción del aumento pendiente y aplaza el resto, variando el tamaño de esa porción de mes a mes sin un criterio aparente. Esta estrategia tiene implicaciones directas: para el fisco, representa una renuncia constante a la recaudación, mientras que para la industria de los combustibles, introduce una variable adicional de imprevisibilidad en la formación de precios. El sector conoce la magnitud del tramo de ajuste con apenas un día hábil de anticipación, dificultando la planificación.

La inconsistencia en la aplicación de estos ajustes es notable. Por ejemplo, en septiembre de 2025, el primer tramo del Decreto 617 sumó $10,523 por litro de nafta en el impuesto a los combustibles líquidos y $0,645 en el de dióxido de carbono. Ocho meses después, en mayo de 2026, el Decreto 302 concedió incrementos menores en términos nominales. Junio no experimentó ningún ajuste, mientras que en julio, el Decreto 562 duplicó el valor de los tramos previos. Sorprendentemente, en agosto, la actualización volvió a reducirse a la mitad de lo aplicado en julio, igualando prácticamente el monto de once meses atrás. El gasoil ha seguido un patrón similar en sus ajustes.

Estas fluctuaciones y aplazamientos tienen un impacto nacional, aunque la ley contempla un área específica reservada con un tratamiento diferencial para provincias como Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el partido de Patagones y el departamento de Malargüe. La continua postergación de la actualización plena del impuesto a los combustibles refleja un intento del gobierno por mitigar el impacto inflacionario directo en el consumidor final y evitar mayores presiones sobre los precios en el surtidor. Sin embargo, esta política de parches mensuales genera incertidumbre regulatoria y fiscal a largo plazo, distorsionando la estructura de costos y precios en un sector estratégico para la economía.