Miguel Méndez Rodulfo: Terremotos, ¿por qué representan una amenaza crítica para Venezuela?
Venezuela enfrenta una amenaza sísmica persistente que pone en riesgo su infraestructura vital. Los dos sismos simultáneos del 24 de junio de 2026 evidenciaron la vulnera
La geografía de Venezuela, marcada por su ubicación en la convergencia de las placas del Caribe y Sudamericana, la convierte en una de las naciones más sísmicamente activas de la región. Esta realidad se puso de manifiesto de manera dramática con los dos sismos simultáneos ocurridos el 24 de junio de 2026, un evento que escaló las preocupaciones sobre la capacidad del país para resistir y recuperarse de fenómenos telúricos de gran magnitud. A pesar de las normas sísmicas actualizadas después del devastador terremoto de Caracas de 1967, la recurrencia y la intensidad de estos eventos recientes plantean serios interrogantes sobre la efectividad de las medidas de prevención y mitigación actuales.
El experto Miguel Méndez Rodulfo destaca que la amenaza no es nueva, pero su impacto potencial sobre una infraestructura envejecida y, en muchos casos, con mantenimiento deficiente, es cada vez mayor. Fallas geológicas activas como la de Boconó, San Sebastián y El Pilar, atraviesan el territorio nacional, siendo responsables de la mayor parte de la actividad sísmica. Estas fallas no solo afectan centros urbanos densamente poblados, sino también regiones donde se concentra gran parte de la producción y el procesamiento de hidrocarburos, así como las principales redes de transmisión eléctrica del país.
El sector energético venezolano, pilar fundamental de su economía, es particularmente vulnerable. Un terremoto de gran escala podría causar daños catastróficos en refinerías clave como Amuay o El Palito, instalaciones de bombeo, gasoductos, oleoductos y subestaciones eléctricas. Las interrupciones en la producción de petróleo y gas natural, así como en el suministro eléctrico, no solo tendrían consecuencias económicas inmediatas y severas, sino que también generarían una crisis humanitaria y social. La paralización de la cadena de valor energética afectaría desde la exportación hasta el consumo doméstico y el transporte, exacerbando las ya complejas condiciones del país.
La experiencia del 24 de junio de 2026, aunque futura respecto al momento de este análisis, subraya la urgencia de reevaluar y reforzar la resiliencia de estas infraestructuras críticas. No basta con tener normativas actualizadas; es imprescindible asegurar su estricto cumplimiento, invertir en modernización y mantenimiento preventivo, y desarrollar planes de contingencia robustos. Esto incluye la implementación de tecnologías antisísmicas, la inspección regular de la integridad estructural y la capacitación del personal para una respuesta efectiva ante emergencias. La protección del sector energético no es solo una cuestión de seguridad nacional, sino un imperativo para la estabilidad económica y el bienestar de la población venezolana.