Apagones de Corpoelec dejan sin diálisis a 70 pacientes renales en el sur de Anzoátegui
Setenta pacientes renales en el sur del estado Anzoátegui quedaron sin acceso a su tratamiento de diálisis desde el 22 de julio debido a prolongados cortes de energía elé
Desde la tarde del miércoles 22 de julio, setenta pacientes renales que dependen vitalmente de la Unidad de Diálisis ubicada en el Centro Comercial Rahme, en el sur del estado Anzoátegui, se vieron privados de su tratamiento esencial debido a prolongados cortes del suministro eléctrico. La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), ente encargado de la distribución eléctrica en Venezuela, ha sido señalada como responsable de las interrupciones, sumiendo a estos pacientes en una situación de alto riesgo para su salud. La diálisis es un procedimiento crítico que reemplaza la función renal para eliminar toxinas de la sangre, y su suspensión puede tener consecuencias fatales.
Este incidente no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la profunda y persistente crisis del sistema eléctrico venezolano, que ha experimentado un deterioro significativo en la última década. La falta de inversión en mantenimiento, modernización y expansión de la infraestructura energética, sumada a la mala gestión, ha provocado fallas recurrentes en todo el territorio nacional. Los apagones de Corpoelec se han convertido en una constante en la vida de los venezolanos, afectando no solo la calidad de vida sino también la operación de servicios públicos esenciales como la salud.
Para los pacientes con enfermedad renal crónica, la continuidad de las sesiones de diálisis es indispensable. La omisión de un solo tratamiento puede llevar a la acumulación de líquidos y toxinas en el cuerpo, provocando complicaciones graves como edema pulmonar, arritmias cardíacas e incluso la muerte. La vulnerabilidad de los centros de salud ante la inestabilidad eléctrica expone a los pacientes más frágiles a riesgos innecesarios, evidenciando la urgente necesidad de garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido en instalaciones médicas o, al menos, sistemas de respaldo funcionales y adecuadamente provistos de combustible.
La situación en Anzoátegui es un reflejo de cómo la crisis del sector energético impacta directamente en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales como la salud. Más allá de la angustia y el peligro para los 70 pacientes afectados, este episodio subraya la fragilidad de la infraestructura energética y sus devastadoras repercusiones sociales. La recuperación y estabilización del sistema eléctrico venezolano es una tarea apremiante que requiere de soluciones integrales y sostenibles para evitar que tragedias como esta se repitan y para restaurar la operatividad de servicios básicos vitales en todo el país.