El reloj del gas está corriendo
El reloj del gas está corriendo
Perú tiene entre 10 y 12 años para encontrar nuevas reservas o depender de otros
Las reservas probadas de gas natural del Perú, concentradas casi por completo en Camisea, se agotarán en poco más de una década si no se descubren nuevos yacimientos. La experiencia reciente de Bolivia y Colombia —que pasaron de exportadores orgullosos a importadores dependientes— y el caso exitoso de Noruega muestran con claridad qué ocurre cuando un país no actúa o actúa a tiempo. La ventana para evitar ese destino se está cerrando rápidamente.
Por Jorge Miroslav Jara Salas, ingeniero petrolero con más de 30 años de experiencia en el sector energía a nivel global.
Cuando en el año 2000 entró en operación el megaproyecto Camisea, en el bajo Urubamba (Cusco), el Perú sintió que había ganado la lotería energética. La promesa era clara: décadas de gas barato, industrialización, exportaciones y divisas. Una parte de esa promesa se cumplió; lo que casi nadie quiso escuchar es que toda lotería, si no se reinvierte, tiene fecha de vencimiento.
Las estimaciones más conservadoras de organismos especializados, incluido el propio Ministerio de Energía y Minas (MINEM), señalan que las reservas probadas de gas natural alcanzan para unos diez a doce años a los ritmos actuales de producción. Camisea concentra alrededor del 97% de esas reservas, mientras que los pequeños campos del noroeste (Piura y Tumbes) aportan volúmenes marginales que no cambian el panorama de fondo.
El Perú tiene entre 10 y 12 años de gas. Lo que hagamos en ese plazo decidirá si somos un país energéticamente soberano o un dependiente crónico de importaciones
El diagnóstico no es nuevo; lo preocupante es la inacción. Desde hace años se anuncian políticas agresivas de exploración que nunca se concretan: lotes licitados sin actividad, contratos que se renegocian o se abandonan y un clima de incertidumbre política que espanta la inversión. Y la mejor forma de entender qué pasa cuando ese contador llega a cero es mirar qué ocurrió en otros países que tuvieron su propio 'Camisea' y no actuaron a tiempo.
La advertencia no es teórica. Otros países ya recorrieron el camino que el Perú podría seguir si no actúa a tiempo. Sus historias son lecciones concretas: muestran qué pasa cuando se deja de explorar, o cuándo se gestiona bien la bonanza y qué significa perder o preservar la soberanía energética.
Bolivia fue, en la primera década de este siglo, el gran proveedor de gas de Sudamérica: sus reservas en el Chaco abastecían a Argentina y Brasil, y YPFB controlaba la cadena con ingresos fiscales significativos. Pero la falta de nueva exploración y la sobre explotación de los campos existentes hicieron que las reservas cayeran en picada. En 2023, Bolivia empezó a importar gas natural licuado (GNL) para abastecer su propia demanda interna. El país que antes exportaba hoy paga en divisas el combustible que solía vender; la pérdida no es solo económica, también es de soberanía.
El caso colombiano sigue un patrón parecido. Sus campos maduros del Caribe y del interior —Guajira, Cusiana, Cupiagua— han visto descender de forma marcada su producción, mientras la demanda interna, impulsada por la industria y los hogares, siguió creciendo. Hoy Colombia importa GNL a través de su principal planta de regasificación en Cartagena, después de haber sido durante años un país que presumía de independencia energética. Esa nueva dependencia lo hace más vulnerable tanto a la volatilidad de los mercados internacionales como a los vaivenes de su propia política interna.
Noruega ofrece la imagen opuesta. Con sus campos del Mar del Norte entrando en declive natural, el país no esperó a que las reservas se agotaran. Creó el Fondo Soberano del Petróleo —hoy el mayor del mundo, con más de 1,6 trillones de dólares—, reguló la explotación con una visión de largo plazo y reinvirtió de forma agresiva en energías renovables para asegurar una transición energética sin sobresaltos. Noruega no solo mantuvo su soberanía, la transformó en un activo financiero y tecnológico. La lección no es que el gas dure para siempre, sino que hay que planificar antes de que empiece a faltar.
Bolivia tardó apenas quince años en pasar de exportador a importador. Perú tiene el mismo reloj encima, pero aún puede cambiar el desenlace
El territorio peruano es mucho más que Camisea: el potencial geológico que muestran los mapas no se refleja todavía en las cifras oficiales de reservas. Las cuencas de Ucayali, Madre de Dios, Huallaga, Marañón y Putumayo han sido poco exploradas con tecnología moderna, y buena parte de la sísmica disponible tiene décadas de antigüedad. En el noroeste (Talara, Sechura) hay una larga historia de producción de petróleo, pero las zonas más profundas del subsuelo siguen sin una evaluación exhaustiva para gas.
Especialistas del sector privado y del mundo académico estiman que los recursos contingentes y prospectivos del país podrían multiplicar varias veces las reservas actuales, siempre que se realice una campaña seria y sostenida de exploración. Sin embargo, explorar en la Amazonía implica resolver ecuaciones complejas: consulta previa con comunidades nativas, protección de ecosistemas sensibles, inversión en infraestructura básica y marcos regulatorios estables que atraigan capital de riesgo.
Ninguna de esas ecuaciones es imposible; lo que sí es inviable es pretender resolverlas cuando el gas ya se terminó. Entre el descubrimiento de un yacimiento y su puesta en producción comercial suelen pasar entre ocho y doce años. Si el Perú no intensifica la exploración ahora, la brecha entre el declive de Camisea y la entrada de nueva producción puede ser justamente el vacío que convierta al país en importador.
La solución no es un misterio técnico, sino un problema de decisión política. La experiencia internacional y los propios diagnósticos del MINEM ya han descrito qué se debe hacer; lo que falta es ejecutarlo.
Si el Perú no explora, el desenlace es previsible. Entre 2035 y 2037, cuando las reservas de Camisea entren en declive severo, el país tendrá que importar gas natural licuado en los mercados internacionales, a precios que pueden ser dos, tres o cuatro veces superiores al costo de producción local. La factura energética se disparará, las empresas intensivas en energía —minería, industria, manufactura— perderán competitividad, las tarifas eléctricas subirán y el Estado, que hoy recibe regalías y canon, pasará a financiar subsidios para las importaciones.
La dependencia energética no es solo un tema de economía, sino de seguridad nacional. Un país que no controla su energía no controla plenamente su desarrollo. Bolivia ya lo aprendió de la manera más dura, Colombia está en proceso de comprobarlo y Noruega demostró que la previsión es posible y altamente rentable.
No se trata de elegir entre desarrollo y medio ambiente, ni entre soberanía y comunidades nativas. Se trata de construir los consensos necesarios antes de que la urgencia nos obligue a elegir en las peores condiciones.
El gas de Camisea fue un regalo geológico. Lo que el Perú haga con los próximos diez o doce años decidirá si ese regalo fue el inicio de un desarrollo sostenido o el prólogo de una dependencia costosa. La exploración no es un punto más en la agenda energética: es la condición mínima para preservar la independencia del país.
Los países que perdieron su soberanía energética no lo hicieron por falta de información, sino por postergar decisiones. El Perú aún tiene margen para no repetir ese error, pero ese margen se reduce con cada año en que no se perfora un nuevo pozo, no se activa un lote o no se aprueba una política seria de exploración. La pregunta ya no es si el país puede explorar, sino si tendrá la voluntad política de hacerlo a tiempo. Esa respuesta no está en el subsuelo, sino en manos de los ciudadanos y de quienes los gobiernan.