Organizaciones civiles a congresistas de EE. UU.: Sin justicia ni Estado de derecho, la recuperación económica de Venezuela es inviable
Organizaciones de derechos humanos advirtieron al Congreso de Estados Unidos que la recuperación económica de Venezuela, fundamentalmente ligada a su sector energético, n
Durante una audiencia reciente de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, organizaciones civiles alzaron su voz para advertir que la viabilidad de la recuperación económica en Venezuela está intrínsecamente ligada al restablecimiento de la justicia y el Estado de derecho. Isabel Carlota Roby, abogada senior del Programa para América Latina del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, sentenció: “La democracia no es un favor, sino un derecho”, subrayando la interdependencia entre las libertades fundamentales y la prosperidad de una nación.
La premisa central es clara: la ausencia de un marco legal robusto y transparente, junto con la violación sistemática de los derechos humanos, genera un clima de incertidumbre que repele la inversión extranjera directa, crucial para la reconstrucción de cualquier economía. En el caso venezolano, donde el sector energético —principalmente el petrolero y gasífero— ha sido históricamente el motor económico, esta carencia es un obstáculo insuperable. Sin seguridad jurídica, los capitales necesarios para modernizar infraestructuras, optimizar la producción y explorar nuevas reservas, simplemente no llegarán.
La estabilidad económica y la confianza de los inversionistas no se construyen solo con promesas o cambios superficiales, sino con instituciones sólidas que garanticen la propiedad privada, la imparcialidad judicial y el cumplimiento de los contratos. La industria petrolera, en particular, requiere inversiones a largo plazo y una predictibilidad legal que actualmente no existe en Venezuela, lo que ha contribuido al deterioro de PDVSA y a la caída drástica de la producción de crudo.
En este contexto, el llamado de las organizaciones civiles a los congresistas estadounidenses resuena como una advertencia sobre la necesidad de priorizar la agenda de derechos humanos y el fortalecimiento institucional. La comunidad internacional, incluyendo a los actores energéticos globales, observa atentamente estas condiciones, sabiendo que sin una base de justicia y Estado de derecho, cualquier intento de reactivación económica en Venezuela será precario y efímero, limitando severamente el potencial de su valioso sector energético y, por ende, su capacidad para recuperarse.