Nord Stream Pierde Caso Histórico de Seguros por Exclusión de Riesgo de Guerra
Un tribunal superior del Reino Unido falló en contra de Nord Stream AG en su intento de recuperar 662 millones de dólares en reclamaciones de seguros por el sabotaje del
La Alta Corte del Reino Unido ha puesto fin a la batalla legal de Nord Stream AG para recuperar 662 millones de dólares en reclamaciones de seguros tras el sabotaje del gasoducto Nord Stream 1, ocurrido en septiembre de 2022. En un fallo que resuena en la industria energética global, un juez dictaminó que el incidente estaba cubierto por una exclusión estándar de riesgo de guerra, lo que exime de responsabilidad a las aseguradoras Lloyd’s y Arch. Este veredicto es crucial y establece un precedente legal significativo en el ámbito de los seguros para la infraestructura energética a gran escala.
El sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el Mar Báltico fue un evento de gran impacto geopolítico y energético, elevando las preocupaciones sobre la seguridad de las infraestructuras críticas en Europa. Nord Stream AG había buscado una indemnización para cubrir los daños, pero el tribunal británico consideró que el origen del daño, presumiblemente por explosivos, encaja dentro de las cláusulas de exclusión por conflictos armados o actos hostiles que comúnmente se incluyen en las pólizas de seguros de este tipo de proyectos.
Adicionalmente, el tribunal desestimó el argumento de Nord Stream AG de que un daño separado en una sección del gasoducto había sido causado por el ancla de un barco, en lugar de explosivos. Esta negación refuerza la conclusión del tribunal de que los daños fueron resultado de un evento de mayor magnitud y naturaleza conflictiva, lo que consolida aún más la aplicación de la exclusión por riesgo de guerra en este caso específico.
La decisión tiene implicaciones de largo alcance para las empresas energéticas que operan en regiones geopolíticamente volátiles o con riesgo de conflictos. Podría llevar a una revisión de las pólizas de seguro y a un aumento de las primas para la cobertura de infraestructuras críticas, así como a una mayor cautela por parte de las aseguradoras al evaluar riesgos en proyectos de energía en el futuro. El precedente sienta una base para futuros litigios sobre daños a infraestructuras energéticas en contextos de conflicto.