Activista Pemón exige desmantelamiento integral de la minería ilegal en Venezuela
Un prominente activista del pueblo Pemón ha solicitado una estrategia “de lo más alto a lo más bajo” para erradicar la minería ilegal en Venezuela. Destaca la presencia d
Un activista del pueblo Pemón ha hecho un enérgico llamado a las autoridades venezolanas para que implementen una estrategia integral que desmantele la minería ilegal desde sus cúpulas hasta sus operaciones de base. La petición surge en un contexto donde la explotación ilícita de recursos naturales ha proliferado, afectando gravemente los ecosistemas y las comunidades indígenas, especialmente en regiones como la Guayana venezolana.
Según el activista, las minas operan bajo la supervisión de al menos tres grupos organizados, que no solo controlan vastas áreas de extracción, sino que también ejercen una autoridad de facto sobre las poblaciones locales y la logística de la actividad. Esta situación compleja revela una red de intereses ilícitos que se extiende más allá de los mineros artesanales, involucrando a actores con capacidad para coordinar y proteger estas operaciones clandestinas.
La minería ilegal en Venezuela, impulsada principalmente por la extracción de oro, ha generado una crisis ambiental y social de grandes proporciones. Los ríos son contaminados con mercurio, la deforestación avanza a un ritmo alarmante y los pueblos indígenas, como el Pemón, ven amenazados sus modos de vida ancestrales, sus territorios y su soberanía cultural. La demanda del activista no solo busca la protección del medio ambiente, sino también la restitución de la ley y el orden en áreas donde la presencia del Estado ha sido históricamente débil o superada por la influencia criminal.
El llamado a ir “de lo más alto a lo más bajo” implica una exigencia de investigar y sancionar no solo a quienes operan directamente en las minas, sino también a las redes de financiamiento, logística y protección política o militar que permiten que esta actividad perdure. Esta perspectiva resalta la necesidad de una intervención coordinada y multifacética por parte del gobierno, que aborde tanto las causas profundas como las manifestaciones operativas de la minería ilegal, para salvaguardar los recursos naturales del país y los derechos de sus pueblos originarios.