ONGs alertan sobre la normalización de acciones estatales extralegales en Venezuela
Las organizaciones Laboratorio de Paz y Provea han expresado su profunda preocupación por la creciente normalización de la actuación del Estado venezolano al margen de su
Las organizaciones no gubernamentales Laboratorio de Paz y Provea han emitido una seria advertencia sobre lo que perciben como una peligrosa normalización de la actuación del Estado venezolano al margen de su propia Constitución y las leyes vigentes. Esta preocupación se eleva específicamente a raíz de la operación militar desplegada en el sur del estado Bolívar, un evento que concluyó con la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido ampliamente como “Niño Guerrero”, quien fuera un líder criminal de relevancia en la región. La postura de estas ONGs subraya un riesgo institucional significativo que podría tener repercusiones a largo plazo en la gobernabilidad y el respeto por el estado de derecho en la nación.
La crítica central de Laboratorio de Paz y Provea se enfoca en el precedente que establece la actuación extralegal del Estado. Argumentan que cuando las instituciones públicas operan fuera de los límites que les impone la ley, se erosiona progresivamente la confianza en el sistema jurídico y se debilita la estructura constitucional del país. Esta situación no solo afecta la garantía de los derechos humanos y las libertades civiles, sino que también introduce un alto grado de imprevisibilidad y riesgo en el ámbito público y privado, generando un ambiente de incertidumbre que puede disuadir la inversión y el desarrollo sostenible.
En el contexto venezolano, y particularmente en el estado Bolívar, esta advertencia adquiere una dimensión aún más crítica para el sector de los recursos naturales. La región sur de Bolívar es conocida por su vasta riqueza mineral, siendo un epicentro de actividades mineras, tanto legales como ilegales, especialmente de oro. Las operaciones militares y las acciones estatales en este territorio, cuando se perciben como extralegales o carentes de transparencia, impactan directamente en la seguridad jurídica y operativa de cualquier proyecto de extracción. La ambigüedad sobre quién ejerce el control, cómo se aplica la ley y la prevalencia de grupos armados (legales e ilegales) crean un entorno volátil que desincentiva la inversión responsable y perpetúa ciclos de violencia y explotación.
La normalización de conductas estatales que prescinden del marco legal representa una amenaza no solo para la democracia y los derechos humanos, sino también para la estabilidad económica y el futuro desarrollo de los sectores estratégicos de Venezuela, incluida la minería. Para un país que busca recuperar su producción y atraer capital, la adhesión estricta a la ley y la constitución es un pilar fundamental. Las ONGs hacen un llamado implícito a la rectificación y al fortalecimiento del estado de derecho, como base indispensable para cualquier intento de progreso y estabilidad en Venezuela.