SOS Orinoco exige transparencia ante despliegue militar en zonas del Arco Minero de Bolívar
La organización ambientalista SOS Orinoco demanda transparencia gubernamental ante el despliegue militar en zonas mineras del estado Bolívar. Recalcan que en 2016, el Est
La organización ambientalista SOS Orinoco ha elevado una contundente demanda de transparencia al gobierno venezolano, a raíz del reciente despliegue militar en las conflictivas zonas mineras del estado Bolívar. La exigencia se centra en obtener claridad sobre los operativos y las políticas que rigen la controvertida actividad extractiva en una de las regiones más biodiversas del país. Este llamado resalta la preocupación constante de los grupos ecologistas por el impacto de la minería en el ecosistema y las comunidades locales.
La organización recordó el antecedente de 2016, año en que el Estado Venezolano concedió unilateralmente más de 111.000 kilómetros cuadrados del estado Bolívar para actividades que conforman el denominado Arco Minero del Orinoco (AMO). Esta decisión se tomó sin la debida aprobación legislativa, lo que ha sido señalado como una irregularidad constitucional, y, crucialmente, sin la realización de estudios de impacto socioambiental que son fundamentales para evaluar las consecuencias a largo plazo de proyectos de esta envergadura.
La ausencia de un marco legal transparente y de evaluaciones de impacto ha generado un ambiente propicio para la minería ilegal y la explotación descontrolada, con graves repercusiones ambientales y sociales. La presencia militar en estas zonas, si bien puede argumentarse como un intento de control, también alimenta la opacidad en las operaciones, dificultando la fiscalización y la rendición de cuentas. SOS Orinoco enfatiza que la falta de información oficial sobre la naturaleza y los objetivos de este despliegue agrava las sospechas sobre la gestión de los recursos mineros y la protección del ambiente en el vasto territorio del Arco Minero.
En este contexto, la demanda de transparencia de SOS Orinoco no es solo un reclamo ambiental, sino también una exigencia de respeto a la institucionalidad y a los derechos de las poblaciones afectadas. La organización subraya la urgencia de que el gobierno venezolano aclare el marco legal y operativo del Arco Minero, así como las implicaciones del despliegue militar, para garantizar una gestión responsable de los recursos naturales y salvaguardar el patrimonio ambiental del Orinoco para las futuras generaciones.