Abogados del Caso PDVSA-Cripto Denuncian Violaciones Constitucionales y Exigen Juicio Público
Abogados defensores en el caso PDVSA-Cripto han denunciado reiteradas violaciones constitucionales y exigen un juicio público, luego de que las audiencias fueran diferida
La defensa legal en el mediático caso conocido como PDVSA-Cripto ha levantado su voz para denunciar graves violaciones a los derechos constitucionales de los imputados, al tiempo que exige la celebración de un juicio público que garantice la transparencia y el debido proceso. El abogado Jeset García, portavoz del equipo jurídico, manifestó la profunda preocupación por los obstáculos sistemáticos que impiden el avance de las diligencias judiciales, poniendo en entredicho la administración de justicia en el país.
Según la declaración del abogado García, la audiencia de presentación de los involucrados ha sido suspendida en dos oportunidades consecutivas. Esta situación crítica se debe a la flagrante negativa del director del Servicio de Seguridad, Monitoreo y Asistencia al Recluso (Sesmas) del Rodeo I a cumplir con una orden judicial expresa. Dicha orden instruía el traslado de los imputados desde el centro penitenciario hasta la sede del juzgado, un paso fundamental para la continuidad del proceso legal.
La persistente obstrucción por parte de una autoridad penitenciaria no solo genera dilaciones injustificadas, sino que, de acuerdo con los abogados, constituye una clara violación de los principios constitucionales que rigen el sistema judicial venezolano, incluyendo el derecho a la defensa, al debido proceso y a un juicio sin dilaciones indebidas. La trascendencia del caso PDVSA-Cripto, que involucra a la principal industria energética del país en un esquema de corrupción, demanda un apego irrestricto a la ley y una celeridad procesal que hasta ahora ha sido eludida.
Ante este escenario, el equipo legal reitera su llamado a las autoridades competentes para que se tomen las medidas correctivas necesarias y se garantice el cumplimiento de las órdenes judiciales. La exigencia de un juicio público no solo busca salvaguardar los derechos de los defendidos, sino también asegurar la confianza ciudadana en las instituciones, permitiendo que la sociedad venezolana conozca los detalles de un caso que ha conmocionado al sector energético y económico nacional.