El colapso eléctrico y la inestabilidad climática hunden la producción de azúcar en Venezuela
La producción de caña de azúcar en Venezuela ha caído a niveles críticos, cubriendo apenas el 15-16% de la demanda nacional, situación agravada por el persistente colapso
El sector azucarero venezolano se encuentra en una situación crítica, al borde del colapso, con una producción que apenas logra cubrir entre el 15% y el 16% de la demanda nacional. Esta alarmante cifra no solo refleja la profunda crisis económica y productiva del país, sino que subraya el impacto devastador de la deficiente infraestructura de servicios básicos, particularmente el suministro eléctrico, y la creciente inestabilidad climática.
Las fallas eléctricas constantes y prolongadas se han convertido en uno de los principales obstáculos para la operatividad de los ingenios azucareros y las fincas de caña. La interrupción del suministro energético afecta directamente los procesos de molienda, refinación y empaquetado, provocando paradas forzosas, daños a la maquinaria y pérdidas significativas de materia prima y producto terminado. Esta dependencia energética crítica expone la vulnerabilidad de la agroindustria frente a un sistema eléctrico nacional que no logra estabilizarse.
Frente a este escenario desolador, los representantes gremiales del sector azucarero han lanzado un llamado urgente al Estado venezolano. Exigen la implementación de políticas y la inversión necesaria para garantizar condiciones operativas mínimas que permitan la continuidad y la reactivación de la producción. Sin un suministro eléctrico confiable y la atención a la infraestructura de riego y transporte, la posibilidad de revertir la tendencia actual y evitar un desabastecimiento masivo se desvanece.
La crisis del azúcar no es un hecho aislado, sino un síntoma más de los desafíos sistémicos que enfrenta Venezuela en materia de servicios públicos e infraestructura energética. La recuperación de este sector estratégico no solo es vital para la seguridad alimentaria del país, sino que también representa un indicador clave sobre la capacidad del Estado para estabilizar su red eléctrica y proveer las condiciones mínimas para el desarrollo industrial y agrícola, esenciales para cualquier esfuerzo de reconstrucción económica.