Delcy Rodríguez podrá autorizar empresas mixtas en el sector eléctrico sin aval parlamentario
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Esta modificación elimina la rese
La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado un paso significativo hacia una reconfiguración del sector eléctrico del país al aprobar en primera discusión un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Esta modificación legislativa clave busca eliminar la "reserva del Estado" sobre la actividad eléctrica, un principio que había sido consagrado en 2007 bajo la dirección del fallecido presidente Hugo Chávez con la nacionalización y creación de Corpoelec. La medida abre la puerta a una mayor participación de capitales externos y esquemas de gestión distintos a los puramente estatales.
El cambio más notorio de esta reforma radica en la facultad que otorgará a Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta Ejecutiva, para autorizar la creación de empresas mixtas en el sector eléctrico. Esta nueva prerrogativa le permitiría aprobar tales asociaciones sin necesidad de obtener el aval previo del parlamento, agilizando un proceso que, hasta ahora, requería la aprobación de la Asamblea Nacional. Esta centralización del poder de decisión en una figura ejecutiva es una de las aristas más relevantes y potencialmente controvertidas de la propuesta.
Las implicaciones de esta reforma para el sector energético venezolano son profundas. La eliminación de la reserva estatal podría interpretarse como un intento por atraer inversión privada y extranjera para revitalizar una infraestructura eléctrica severamente deteriorada y que ha sido la causa de constantes fallas y apagones a nivel nacional. Al permitir que empresas mixtas operen en este ámbito, el gobierno podría buscar aliviar la carga financiera de Corpoelec y mejorar la eficiencia y capacidad del sistema, aunque los detalles sobre los modelos de asociación y las garantías para los inversores aún están por definirse.
Si bien la reforma promete una mayor flexibilidad para la gestión y desarrollo del sistema eléctrico, también plantea interrogantes sobre la transparencia y el control legislativo sobre acuerdos de gran envergadura. La exclusión del parlamento en la aprobación de empresas mixtas podría generar preocupación en torno a la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos y contratos en un sector vital para el país. La propuesta se encuentra aún en primera discusión, lo que significa que aún debe pasar por un proceso de revisión y una segunda discusión para su aprobación definitiva, donde estos aspectos podrían ser debatidos con mayor profundidad.