Gremios venezolanos urgen la derogación de la nueva Ley Orgánica de Minas
El Grupo Orinoco para el Desarrollo Sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero Metalúrgica (SVIMM) han manifestado su profunda preocupación por la recientem
Los gremios venezolanos vinculados al sector minero han alzado su voz en protesta contra la recién aprobada Ley Orgánica de Minas (LOM), alertando sobre las posibles repercusiones negativas que esta legislación podría generar. El Grupo Orinoco para el Desarrollo Sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero Metalúrgica (SVIMM) han expresado conjuntamente su inquietud ante lo que califican como una "inadecuada apertura minera" en el país, demandando su derogación para salvaguardar el futuro del sector.
La preocupación de estas influyentes organizaciones surge tras un exhaustivo análisis del contenido de la LOM, cuya promulgación ha generado un amplio debate en los círculos especializados. Si bien los detalles específicos de las "tres razones" que motivan su exigencia no se detallan en el comunicado inicial, se infiere que las objeciones se centran en aspectos críticos relacionados con la sostenibilidad ambiental, la gestión social y los marcos regulatorios que rigen la explotación de recursos minerales en Venezuela.
Los gremios temen que la aplicación de esta ley, tal como está concebida, pueda abrir la puerta a prácticas extractivas que no cumplan con los más altos estándares internacionales, comprometiendo ecosistemas frágiles y afectando comunidades locales. La SVIMM, en particular, subraya la importancia de una legislación que no solo promueva la inversión, sino que también garantice la sostenibilidad a largo plazo y la responsabilidad social y ambiental de las operaciones mineras.
Ante este panorama, el llamado a la derogación de la LOM no es solo una crítica, sino una propuesta para revisar y reorientar la política minera del país hacia un modelo de desarrollo más equilibrado y respetuoso. Ambas organizaciones instan a las autoridades a entablar un diálogo constructivo con los expertos y la sociedad civil para elaborar una normativa que realmente beneficie a la nación, promoviendo una minería responsable y en sintonía con los principios del desarrollo sostenible.