Grupo Orinoco advierte que la Ley de Minas venezolana amenaza derechos indígenas y estándares ambientales
El Grupo Orinoco para el Desarrollo Sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero Metalúrgica (Svimm) han expresado su profunda preocupación por la nueva Ley O
El Grupo Orinoco para el Desarrollo Sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero Metalúrgica (Svimm) han alzado su voz ante la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Minas en Venezuela. Ambas organizaciones han manifestado su profunda inquietud, señalando que el marco legal actual presenta graves deficiencias que amenazan directamente los derechos ancestrales de las comunidades indígenas y los vitales estándares ambientales del país.
Según las organizaciones, la preocupación radica en la posible ausencia de mecanismos de consulta previa, libre e informada con los pueblos originarios, un principio fundamental del derecho internacional para cualquier proyecto que afecte sus territorios y formas de vida. Además, advierten sobre el riesgo de una flexibilización de las normativas ambientales, lo que podría conducir a una explotación minera insostenible, con consecuencias devastadoras para la biodiversidad, las fuentes de agua y los ecosistemas, especialmente en regiones de alta sensibilidad ecológica como la Amazonía venezolana y el Escudo Guayanés.
Venezuela, con su vasta riqueza mineral y el impulso de iniciativas como el Arco Minero del Orinoco, requiere un marco legal que no solo promueva la inversión y la producción, sino que también garantice la protección de sus habitantes y la preservación de su patrimonio natural. La Ley de Minas debería ser una herramienta para el desarrollo sostenible, no un instrumento que profundice conflictos socioambientales o que degrade aún más ecosistemas ya frágiles por la minería, tanto formal como informal.
Ante este escenario, Grupo Orinoco y Svimm instan a una revisión exhaustiva de la ley, promoviendo un diálogo inclusivo con todos los actores involucrados, incluyendo a las comunidades indígenas, expertos ambientales y la sociedad civil. Es crucial que cualquier normativa minera se alinee con las mejores prácticas internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental, asegurando un futuro donde la actividad económica y la sostenibilidad coexistan de manera armónica.