Gobernador Lacava ofrece recompensa por denuncias de granjas de criptomonedas en Carabobo

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, ha anunciado una recompensa de 1.000 dólares para quienes denuncien granjas de minería de criptomonedas que operen ilegalmente.

El estado Carabobo, Venezuela, se encuentra en el centro de una nueva estrategia para combatir el consumo excesivo de energía eléctrica, impulsada por el gobernador Rafael Lacava. El mandatario regional ha ofrecido una recompensa de 1.000 dólares a quienes denuncien la ubicación de granjas de minería de criptomonedas que operan sin la debida regulación o que impactan negativamente el suministro eléctrico. Esta iniciativa surge como respuesta directa a los reportes de sobrecarga en circuitos considerados prioritarios, los cuales abastecen a centros de salud y otros servicios públicos esenciales en la entidad.

La minería de criptomonedas es una actividad conocida por su elevado requerimiento energético, debido al constante funcionamiento de equipos de alta potencia. En un país como Venezuela, que ha enfrentado históricamente desafíos en la estabilidad y capacidad de su red eléctrica, la proliferación de estas granjas representa una carga adicional significativa. El consumo desmedido y, a menudo, no declarado, de estas instalaciones puede provocar fluctuaciones de voltaje, interrupciones en el servicio y una presión insostenible sobre la infraestructura existente, comprometiendo la calidad de vida de los ciudadanos y la operatividad de servicios básicos.

Esta medida no es la primera vez que las autoridades venezolanas abordan el tema de la minería de criptomonedas y su impacto energético. Aunque la minería digital ha sido legalizada y regulada en el país a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) en un intento por monetizar la abundante energía barata, su implementación ha generado focos de consumo no planificado y uso ilegal del servicio. La escasez de combustible para plantas termoeléctricas y el deterioro de la infraestructura hidroeléctrica han exacerbado la fragilidad del sistema, haciendo que cualquier incremento súbito en la demanda se traduzca rápidamente en fallas del servicio.

La recompensa ofrecida por el gobernador Lacava busca, además de identificar las operaciones ilegales, generar conciencia sobre el uso responsable de la energía y proteger la estabilidad de un sistema eléctrico ya vulnerable. El enfoque en circuitos prioritarios subraya la urgencia de garantizar el suministro a hospitales y clínicas, donde un corte de energía puede tener consecuencias críticas. Este esfuerzo por regular y controlar el consumo asociado a la minería digital es fundamental para la gestión energética del estado y, por extensión, para la resiliencia de la infraestructura eléctrica nacional frente a nuevas demandas tecnológicas.