Venezuela reitera ante la CIJ su no reconocimiento de jurisdicción en disputa territorial con Guyana
Venezuela ha comunicado formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su persistente postura de no reconocer la jurisdicción del tribunal en el litigio territori
Venezuela ha comunicado formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su inquebrantable postura de no reconocer la jurisdicción de este tribunal internacional para dirimir el litigio territorial que mantiene con la República Cooperativa de Guyana. La decisión, reiterada por el representante venezolano Samuel Moncada, subraya una política exterior consistente que ha marcado la aproximación del país caribeño a la disputa por el territorio Esequibo durante décadas.
Según lo expuesto por Moncada, Venezuela ha mantenido por casi un siglo que las cuestiones inherentes a su integridad territorial y soberanía nacional no pueden ser sometidas a mecanismos de resolución de controversias por parte de terceros. Esta posición se fundamenta en la interpretación de los acuerdos históricos y la convicción de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único marco legal vigente y practicable para alcanzar una solución satisfactoria y pacífica.
La disputa territorial sobre el Esequibo, una vasta región rica en biodiversidad y recursos naturales, ha adquirido una relevancia estratégica mayúscula en los últimos años debido a los significativos descubrimientos de petróleo y gas en las aguas adyacentes. La delimitación marítima y el control sobre estas áreas son cruciales para el futuro energético de ambos países. La negativa de Venezuela a aceptar la jurisdicción de la CIJ complejiza el escenario, al mantener una vía diplomática directa como la preferida por Caracas, lo que contrasta con la búsqueda de Guyana de una resolución judicial vinculante.
Este persistente desacuerdo sobre el mecanismo de resolución tiene implicaciones directas para la estabilidad regional y para las perspectivas de inversión en el sector energético, particularmente en las zonas offshore en disputa. Mientras no se resuelva el fondo de la controversia ni el camino para su solución definitiva, la incertidumbre jurídica y política seguirá siendo un factor clave para las empresas petroleras y gasíferas con intereses en la cuenca del Esequibo, afectando la toma de decisiones sobre futuros proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.