Venezuela reitera desconocimiento de la jurisdicción de la CIJ en diferendo territorial por el Esequibo
El representante de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Samuel Moncada, reafirmó la postura del país de no reconocer la jurisdicción del máximo tribu
El representante de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Samuel Moncada, ha reiterado enfáticamente el rechazo de Caracas a la jurisdicción del tribunal internacional en el litigio territorial con Guyana por la región del Esequibo. Esta postura, expresada este miércoles, es una constante en la política exterior venezolana y subraya la posición del país de que la controversia debe resolverse a través de los mecanismos del Acuerdo de Ginebra de 1966 y no por vía judicial en la Haya.
Venezuela argumenta que el Laudo Arbitral de 1899, que otorgó la mayor parte del Esequibo a la entonces Guyana Británica, fue nulo e írrito, y que el Acuerdo de Ginebra es el único marco legal vigente para buscar una solución práctica y satisfactoria a la disputa. Por su parte, Guyana ha impulsado la vía de la CIJ para obtener una sentencia vinculante que ratifique su soberanía sobre el territorio, lo que ha generado una escalada de tensiones diplomáticas entre ambas naciones sudamericanas.
El Esequibo es una región de 160.000 kilómetros cuadrados, rica no solo en biodiversidad y minerales, sino, crucialmente, en vastos yacimientos de petróleo y gas natural, especialmente en sus aguas adyacentes. Descubrimientos significativos por parte de empresas como ExxonMobil en la zona marítima en disputa han transformado la relevancia de este conflicto territorial, elevándolo a un asunto de seguridad energética y geopolítica regional. La falta de una resolución definitiva y reconocida por ambas partes crea un entorno de incertidumbre legal que impacta directamente la capacidad de exploración y explotación de estos valiosos recursos.
La insistencia de Venezuela en no reconocer la jurisdicción de la CIJ complica aún más la búsqueda de una solución duradera y pacífica, manteniendo en vilo el desarrollo pleno del potencial energético de la región. La comunidad internacional y los actores del sector energético observan de cerca este diferendo, conscientes de que su desenlace tendrá repercusiones significativas no solo para la estabilidad fronteriza, sino también para la configuración del mapa de producción de hidrocarburos en América Latina.