El FVPE cuestiona la estrategia de Venezuela ante la CIJ por la disputa del Esequibo
El Foro Venezolano de Petróleo y Energía (FVPE) reconoció la importancia de la comparecencia venezolana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el Esequibo. Sin
El Foro Venezolano de Petróleo y Energía (FVPE) ha emitido un pronunciamiento crítico respecto a la estrategia que Venezuela ha adoptado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el contexto de la disputa territorial por el Esequibo. Aunque el FVPE reconoce la trascendencia de la comparecencia del Estado venezolano ante este tribunal internacional, ha expresado serias objeciones sobre el proceso y el alcance de las consultas previas a la definición de la posición nacional.
La principal objeción formulada por el FVPE se centra en la percibida ausencia de una concertación amplia y transparente con sectores vitales de la sociedad venezolana. Según la organización, la estrategia gubernamental no ha incorporado adecuadamente las perspectivas y el conocimiento de académicos, expertos en derecho internacional y organizaciones sociales, elementos que podrían enriquecer significativamente la defensa de los intereses nacionales. Este enfoque limitado podría comprometer la solidez y la legitimidad de la postura venezolana ante un organismo tan relevante como la CIJ.
La disputa por el Esequibo no es meramente un conflicto limítrofe, sino que encierra profundas implicaciones para el futuro energético y económico de Venezuela. La región en contención es rica en recursos naturales, incluyendo vastas reservas de petróleo y gas en sus áreas marítimas adyacentes, así como minerales. La ausencia de un consenso nacional robusto en la formulación de la estrategia legal genera incertidumbre sobre la capacidad del país para asegurar sus derechos soberanos sobre estos recursos vitales, frente a las exploraciones y explotaciones que ya se están llevando a cabo en el lado guyanés de la zona en reclamación.
El FVPE subraya que, dada la magnitud de lo que está en juego, cualquier éxito o fracaso derivado de la gestión actual ante la CIJ recaerá exclusivamente en el gobierno. Esta advertencia no solo resalta la responsabilidad política, sino que también implica un llamado implícito a reconsiderar el enfoque, buscando una mayor inclusión y un debate nacional que fortalezca la unidad y la coherencia en la defensa de un territorio y unos recursos estratégicos para el desarrollo de Venezuela a largo plazo. La falta de una estrategia integral y participativa podría tener repercusiones duraderas en la proyección internacional del país y en su potencial energético.