Estados Unidos extiende licencia para proteger a Citgo de acreedores, evitando su venta forzosa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, ha extendido una licencia general que protege a Citgo Petroleum de sus acreedores hasta el 19 de junio
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ha extendido una licencia general que resguarda a Citgo Petroleum, la filial refinadora de la estatal venezolana PDVSA en territorio estadounidense. Esta nueva prórroga, anunciada en una declaración publicada el pasado lunes, prolonga la protección de Citgo frente a los acreedores del bono PDVSA 2019 hasta el 19 de junio de 2026, marcando la vigésimo tercera vez que se toma una medida de esta índole para evitar su venta forzosa.
La medida de la OFAC es crucial dado que Citgo es considerada el activo más valioso que posee Venezuela en el extranjero, con una red de refinación y distribución significativa en Estados Unidos. La compañía ha estado en el centro de una compleja disputa legal y financiera durante años, con múltiples acreedores buscando ejecutar sentencias por deudas impagas por parte del gobierno venezolano y PDVSA. El bono PDVSA 2019, en particular, utiliza el 50.1% de las acciones de Citgo como garantía, lo que lo convierte en un punto focal en la batalla por el control de la empresa.
Esta extensión no solo retrasa cualquier proceso de subasta o ejecución de sentencia sobre Citgo, sino que también subraya la delicada posición geopolítica y económica que rodea a los activos venezolanos. La decisión permite a la junta directiva ad hoc de PDVSA, designada por la oposición venezolana y reconocida por Estados Unidos, continuar administrando la empresa sin la presión inminente de una venta forzosa. Sin embargo, no resuelve la raíz del problema, que es la vasta cantidad de deudas y reclamos legales que penden sobre la compañía y la nación caribeña.
La constante intervención del gobierno estadounidense para proteger a Citgo refleja la complejidad de su política hacia Venezuela, buscando un equilibrio entre la presión económica y la preservación de un activo que podría ser vital para una futura transición democrática en el país suramericano. Mientras tanto, la comunidad de acreedores y tenedores de bonos observa de cerca cada prórroga, a la espera de una resolución que permita recuperar sus inversiones, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro a largo plazo de esta importante empresa energética.