El 78% de las empresas en Venezuela reporta cortes eléctricos; Corpoelec carece de fondos para mejoras
Fedecámaras ha reiterado la urgente necesidad de reformar la legislación del sector eléctrico en Venezuela para permitir la participación de capital privado, tanto nacion
El sector eléctrico venezolano atraviesa una profunda crisis que impacta severamente la actividad económica del país. Ante este panorama, Fedecámaras, la principal federación de gremios y asociaciones empresariales de Venezuela, ha vuelto a enfatizar la imperiosa necesidad de una reforma integral en la legislación que rige la electricidad. El objetivo central es abrir las puertas a la participación del capital privado, tanto de origen nacional como extranjero, como única vía para la inversión y modernización de un sistema colapsado.
La gravedad de la situación se refleja en las estadísticas alarmantes: un 78% de las empresas operando en Venezuela reportan sufrir cortes eléctricos de manera recurrente, lo que genera cuantiosas pérdidas y obstaculiza la productividad. La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la empresa estatal encargada de la generación, transmisión y distribución de energía, se encuentra en una situación financiera crítica, careciendo de los fondos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento, la rehabilitación y la expansión que el sistema requiere con urgencia.
El deterioro de la infraestructura eléctrica ha sido no solo evidente para los ciudadanos y las empresas, sino también confirmado por análisis técnicos realizados por especialistas de reconocidas transnacionales del sector como General Electric (GE) y Siemens. Estos diagnósticos externos subrayan la magnitud del desafío y la inviabilidad de que el Estado venezolano, en su actual coyuntura económica, pueda afrontar las ingentes inversiones necesarias por sí solo. La propuesta de Fedecámaras busca precisamente dotar de un marco legal que incentive y proteja la inversión privada, vista como el motor indispensable para la recuperación del servicio.
La ausencia de un suministro eléctrico confiable no solo afecta la competitividad empresarial, sino que también merma la calidad de vida de los ciudadanos y limita el potencial de crecimiento económico del país. La reforma legislativa planteada no es meramente técnica, sino estratégica, ya que permitiría canalizar recursos y experticia hacia un sector vital, sentando las bases para una eventual estabilización y modernización del sistema eléctrico nacional. La pelota está ahora en el tejado de las autoridades para considerar un cambio de modelo que alivie la carga sobre Corpoelec y garantice un futuro energético más estable para Venezuela.