David Morán Bohórquez: Seguridad jurídica y riesgo petrolero en Venezuela

El análisis de David Morán Bohórquez subraya el dilema que enfrentan las empresas petroleras al considerar inversiones millonarias a largo plazo en Venezuela, un país per

La viabilidad de grandes inversiones en la industria petrolera venezolana se encuentra bajo un escrutinio crítico, especialmente a la luz de la percepción de inseguridad jurídica en el país. El experto David Morán Bohórquez plantea una pregunta central que resuena en los círculos financieros y energéticos: ¿Estaría una empresa petrolera dispuesta a invertir miles de millones de dólares, específicamente USD 12.000 millones a lo largo de 20 años, en una nación donde el marco legal es considerado "caprichoso" y propenso a cambios abruptos? Esta interrogante subraya el desafío fundamental que enfrenta Venezuela para revitalizar su sector hidrocarburífero.

El análisis de Morán Bohórquez destaca cómo declaraciones de altos funcionarios, como la de Delcy Rodríguez, que son calificadas de inconstitucionales, contribuyen significativamente a esta percepción de riesgo. Tales afirmaciones o medidas, al margen de la Constitución y las leyes existentes, crean un ambiente de incertidumbre que es intrínsecamente adverso para las inversiones de capital a largo plazo, tan características de la industria petrolera. La predictibilidad y la estabilidad del marco legal son pilares para cualquier decisión de inversión de esta magnitud y horizonte temporal.

La falta de seguridad jurídica no es un problema menor, sino un obstáculo estructural que impide la llegada de capital extranjero indispensable para la modernización y expansión de la infraestructura petrolera. Las empresas del sector energético, por su naturaleza, requieren garantías a largo plazo sobre sus activos y operaciones. Si las reglas del juego pueden cambiar arbitrariamente, el cálculo de riesgo-retorno se distorsiona hasta el punto de hacer inviables incluso los proyectos más prometedores desde el punto de vista técnico y geológico.

En este contexto, la recuperación de la producción petrolera venezolana, que alguna vez fue uno de los pilares de la economía global, permanece supeditada no solo a factores técnicos o de mercado, sino fundamentalmente a la capacidad del Estado para ofrecer un ambiente legal estable y confiable. Superar la percepción de un marco legal "caprichoso" y garantizar la constitucionalidad de las acciones gubernamentales es, por tanto, un paso ineludible para desbloquear el potencial inversor y asegurar un futuro próspero para la industria energética de Venezuela.