El sector minero venezolano objeta la cuota de oro establecida por la CVM
El cobro mensual de 15 gramos de oro impuesto por la Corporación Venezolana de Minería (CVM) ha generado un fuerte rechazo entre los operadores mineros del sur del estado
El sector minero que opera en el sur del estado Bolívar ha manifestado su rotundo rechazo a la reciente medida impuesta por la Corporación Venezolana de Minería (CVM), que exige el cobro mensual de 15 gramos de oro. Esta cuota obligatoria ha sido calificada por los mineros como una carga desproporcionada que pone en riesgo la sostenibilidad de sus operaciones, especialmente para los pequeños y medianos productores artesanales e industriales de la zona.
Según representantes del gremio minero, la imposición de esta cuota, sumada a los ya elevados costos operativos y las complejidades logísticas que enfrentan, podría empujar a muchos mineros a la informalidad o incluso al cese de sus actividades. Argumentan que los 15 gramos representan una porción significativa de su producción neta, inviabilizando la rentabilidad y la inversión necesaria para mantener los equipos y procesos productivos. Esta situación genera incertidumbre y frustración en una región donde la minería aurífera es la principal fuente de sustento para miles de familias.
La CVM, creada para la explotación, fiscalización y control de las actividades mineras en el país, ha justificado estas medidas como parte de una estrategia para ordenar y formalizar el sector, así como para garantizar el aporte de los recursos minerales al Tesoro Nacional. Sin embargo, la implementación de esta cuota sin aparente consulta previa o evaluación de su impacto en el terreno ha sido el principal punto de fricción, dejando en evidencia la brecha entre las políticas centralizadas y la realidad de los trabajadores mineros.
Ante este panorama, el sector minero del sur de Bolívar hace un llamado urgente a las autoridades de la CVM y del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico para que revisen la medida. Proponen establecer mesas de diálogo que permitan buscar soluciones concertadas, que contemplen las particularidades del ecosistema minero local y aseguren un equilibrio entre la fiscalización estatal y la supervivencia económica de los productores, evitando así un posible colapso de la actividad aurífera en una de las regiones más ricas en minerales de Venezuela.