Gobierno venezolano pospone nuevamente debate sobre reforma de Ley Eléctrica en medio de crisis
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, pospuso por enésima vez la discusión definitiva de la reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléc
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, ha vuelto a aplazar la discusión definitiva de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional. Esta postergación, ocurrida el pasado martes 3 de noviembre, se da en un contexto de agudos problemas en el suministro eléctrico que afectan a gran parte del territorio venezolano, donde los cortes de luz se han vuelto una constante en la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Este no es el primer aplazamiento que sufre el proyecto de ley, cuya revisión es vista por diversos sectores como una necesidad urgente para modernizar el deficiente sistema eléctrico del país. La falta de un marco legal adecuado y actualizado se suma a años de subinversión, corrupción y mala gestión que han llevado a la infraestructura eléctrica venezolana a un estado de colapso progresivo.
La propuesta de reforma busca, entre otros objetivos, reestructurar el sistema, promover nuevas inversiones y posiblemente abrir espacios para la participación de capital privado, elementos cruciales para la recuperación de un sector vital. Sin embargo, las continuas dilaciones impiden cualquier avance en estas áreas, dejando al sistema sin las herramientas regulatorias que permitirían una mejora sustancial en la generación, transmisión y distribución de energía.
Analistas del sector energético y representantes de la sociedad civil han expresado su preocupación ante la falta de celeridad en un tema tan crítico. Argumentan que cada postergación no solo retrasa soluciones, sino que también agrava la ya precaria calidad de vida de los venezolanos, quienes sufren apagones diarios que impactan hogares, hospitales, comercios e industrias. La opacidad en torno a las razones de estos aplazamientos genera mayor desconfianza.
El impacto de esta decisión en el sector energético venezolano es directo y negativo. La ausencia de una nueva ley que establezca reglas claras y fomente la inversión inhibe la posibilidad de atraer los capitales y la tecnología necesarios para rehabilitar las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, muchas de las cuales operan muy por debajo de su capacidad o están inactivas. Esto perpetúa la dependencia de un sistema envejecido y vulnerable.
En un país donde la crisis de servicios públicos es endémica, la postergación de la reforma eléctrica subraya la complejidad y las dificultades políticas para abordar problemas estructurales. Mientras tanto, Venezuela sigue sumida en la "oscurana", una metáfora de la crisis energética que, lejos de encontrar una vía de solución legislativa, se enfrenta a una nueva dilación, dejando a millones de ciudadanos a la espera de un servicio básico y esencial.