Redes eléctricas expuestas: casi la mitad de las distribuidoras latinoamericanas no monitorea su red de operación
Un reciente estudio de la asociación regional ADELAT revela que el 46% de las distribuidoras eléctricas en América Latina no monitorea sus redes de operación, dejando exp
Un análisis reciente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (ADELAT) ha puesto de manifiesto una preocupante fragilidad en las redes eléctricas de la región. El estudio, titulado “Redes bajo ataque: Ciberseguridad eléctrica en la era de la transición energética”, concluye que el 46% de las distribuidoras eléctricas latinoamericanas carece de monitoreo adecuado de su red operativa, con un 17% sin monitoreo activo y un 29% limitándose a vigilar únicamente su red corporativa. Esta situación compromete la seguridad y continuidad del suministro en un sector estratégico.
El diagnóstico de ADELAT, resultado de un benchmarking con información de 25 distribuidoras en 10 países, analizó cinco dimensiones clave: seguridad de infraestructura, detección y respuesta a incidentes, gestión de terceros y protección de datos, cultura organizacional y talento especializado, y gobernanza y presupuesto. La entidad, establecida en 2022, agrupa a 15 asociadas de países como Brasil, Perú, Chile, Colombia y Argentina, incluyendo a la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), que representa el 98% del consumo eléctrico en su país.
Las brechas de protección son evidentes, especialmente entre la infraestructura corporativa y la de operación. Si bien el 74% de las empresas logra un nivel avanzado en la separación de ambas redes, solo el 21% alcanza ese nivel en la protección de los dispositivos de campo, esenciales para el funcionamiento físico del sistema. Internamente, la responsabilidad de la ciberseguridad recae en la jefatura de tecnologías de la información en 12 de las 25 distribuidoras, y solo seis cuentan con un responsable ejecutivo de seguridad (CISO) que reporta directamente a la alta gerencia.
Una de las conclusiones más críticas del informe es la ausencia de reconocimiento regulatorio para la ciberseguridad. El análisis abarcó 11 países y reveló que, a pesar de las crecientes exigencias regulatorias, ningún marco normativo en la región reconoce la ciberseguridad como un costo tarifario propio. Esta falta de consideración en las tarifas dificulta a las distribuidoras la inversión sostenida y necesaria en esta área, ya que resulta complejo cuantificar los beneficios económicos directos de dichas inversiones.
La exposición de las redes eléctricas latinoamericanas representa un riesgo creciente en un contexto de digitalización acelerada y transición energética. La integración de tecnologías inteligentes y la interconexión de sistemas aumentan la superficie de ataque, haciendo que la ciberseguridad sea una prioridad ineludible. La falta de monitoreo y la ausencia de marcos regulatorios que incentiven la inversión en ciberseguridad podrían tener consecuencias graves para la estabilidad del suministro, la economía y la confianza pública en el sector energético de la región.
La situación demanda una acción concertada entre reguladores, distribuidores y gobiernos para modernizar los marcos normativos, asegurar la financiación adecuada para la ciberseguridad e implementar estrategias robustas de protección. Solo así se podrá garantizar la resiliencia de las infraestructuras eléctricas frente a las amenazas emergentes y salvaguardar el progreso de la transición energética en América Latina.