Venezuela: 90 días de ausencia presidencial y la sombra de la incertidumbre energética
La prolongada ausencia de 90 días del presidente Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una crisis constitucional, debatiéndose si constituye una falta temporal o absolu
El 3 de abril de 2026 marcó un hito crítico en la política venezolana al cumplirse 90 días de la ausencia del presidente Nicolás Maduro del ejercicio de sus funciones. Esta prolongada desaparición ha disparado alarmas constitucionales, reavivando el debate sobre la aplicación de los artículos 233 y 234 de la Constitución, que definen las faltas temporales y absolutas del cargo presidencial. La situación ha provocado un vacío de poder y una demanda creciente de claridad por parte de diversos actores políticos y sociales, quienes urgen una definición sobre la naturaleza de esta ausencia para garantizar la continuidad institucional del país.
La Constitución venezolana establece que una falta temporal por más de 90 días puede llevar a la declaración de una falta absoluta por la Asamblea Nacional, lo que implicaría la convocatoria a nuevas elecciones. Sin embargo, la interpretación y aplicación de estos preceptos en el actual contexto político de Venezuela son objeto de una intensa disputa. La ausencia presidencial ha profundizado la polarización y la inestabilidad política, con facciones internas y externas monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos, conscientes del potencial impacto en la gobernabilidad y en las estructuras de poder existentes.
La incertidumbre política derivada de esta situación tiene ramificaciones directas y severas para el sector energético venezolano, columna vertebral de su economía. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la estatal petrolera, opera en un entorno ya frágil debido a años de sanciones, desinversión y deterioro infraestructural. Una crisis de liderazgo presidencial podría paralizar la toma de decisiones estratégicas, afectar la operatividad, retrasar proyectos cruciales de inversión y dificultar aún más el cumplimiento de metas de producción de crudo y gas. La falta de un liderazgo claro desalienta cualquier atisbo de nueva inversión extranjera, vital para la recuperación y modernización del sector.
Además del petróleo, el desarrollo de otros recursos energéticos como el gas natural y las energías renovables, que son esenciales para la diversificación económica, también se ve comprometido. La confianza de los mercados internacionales y los socios comerciales de Venezuela se erosiona ante la perspectiva de una mayor inestabilidad. La situación no solo afecta la capacidad de Venezuela para generar ingresos vitales por exportaciones de energía, sino que también podría tener repercusiones en la dinámica regional y en la posición del país dentro de organizaciones como la OPEP. La resolución de esta crisis política es fundamental para cualquier esperanza de estabilización y recuperación del sector energético venezolano.