Belgrano Cargas: Argentina aprueba arbitraje internacional en Montevideo para concesionarios con inversores extranjeros
El Gobierno argentino ha aprobado una cláusula de arbitraje con sede en Montevideo para la privatización de las líneas ferroviarias Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza.
El Gobierno de Argentina ha dado un paso crucial para la privatización de sus principales líneas ferroviarias de carga, Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza, al aprobar una cláusula de arbitraje internacional con sede en Montevideo, Uruguay. Esta decisión busca ofrecer seguridad jurídica a los inversores extranjeros, facilitando la resolución de disputas y atrayendo capital necesario para modernizar la infraestructura ferroviaria, con un impacto significativo en el transporte de la producción minera.
La medida, formalizada a través del Decreto 1216/2026, valida una disposición del contrato modelo que permite trasladar a Uruguay los litigios económicos que superen los 500.000 dólares, siempre y cuando el concesionario, un accionista con al menos el 10% del capital o un acreedor garantizado provengan del exterior. Este avance es considerado central para la financiación de proyectos a largo plazo y se enmarca en la Ley de Bases, que exige la aprobación expresa e indelegable del Poder Ejecutivo para este tipo de cláusulas en concesiones de obra pública.
La privatización de Belgrano Cargas y Logística ha progresado en etapas, desde la autorización total en febrero de 2025 hasta la apertura de la licitación de vías en agosto pasado, planteada como una concesión a 50 años. Las consultas para los pliegos de la licitación finalizan el 28 de octubre, y las ofertas se recibirán hasta el 11 de noviembre. Este decreto no altera los cronogramas, sino que establece un marco legal robusto para los futuros adjudicatarios.
Para poder recurrir al arbitraje en Montevideo, la cláusula 32.3.4 del contrato modelo establece dos condiciones. Primero, debe existir un elemento extranjero al momento de la controversia, lo que incluye que el concesionario, un accionista significativo o un acreedor garantizado estén constituidos o domiciliados fuera del país, o sean controlados desde el exterior. Segundo, el monto del conflicto debe superar los 500.000 dólares o no ser cuantificable, dejando reclamos menores para ser resueltos por otras vías.
Esta normativa es de vital importancia para el sector minero, así como para los financistas internacionales que observan con interés el potencial de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La estabilidad jurídica que ofrece el arbitraje internacional es un factor clave para que las grandes compañías mineras inviertan en Argentina, garantizando el transporte eficiente de sus productos desde las zonas de extracción hasta los puertos. Además, los adjudicatarios de las concesiones podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que refuerza el atractivo de estos proyectos.
La aprobación del arbitraje en Montevideo subraya el compromiso del Gobierno argentino con la atracción de capitales foráneos y el desarrollo de infraestructura estratégica. Al reducir la incertidumbre legal para los inversores internacionales, Argentina busca impulsar la modernización de su red ferroviaria, fundamental para la logística de commodities y el crecimiento económico del país.