Halliburton evalúa retorno gradual a Venezuela con reclutamiento de personal y alianzas
Según reportes de Bloomberg, Halliburton Co. avanza en la evaluación de su reingreso a Venezuela mediante la apertura de convocatorias laborales en diversas áreas operati
Según reportes de Bloomberg y datos corporativos, la multinacional estadounidense Halliburton Co. (HAL) ha iniciado un proceso paulatino para reconstruir su presencia operacional en Venezuela, mercado del cual se retiró progresivamente hasta cerrar sus principales actividades en 2020. Durante los últimos meses, la firma de servicios petroleros ha reactivado la búsqueda de talento humano local al tiempo que concreta acuerdos iniciales para explorar nuevas oportunidades en el negocio energético venezolano.
Las gestiones en el área de recursos humanos comenzaron a hacerse visibles en el portal global de empleos de la empresa. El 4 de septiembre, Halliburton abrió una convocatoria general para Venezuela destinada a conformar un banco de talentos para futuras vacantes, invitando a postularse a técnicos, recién graduados, profesionales experimentados y especialistas en áreas operativas, administrativas, logísticas, de finanzas, seguridad y tecnología. Esta oferta aparece vinculada a La Asunción, en el estado Nueva Esparta, donde se registra una oportunidad en la categoría de operaciones. Semanas antes, el 10 de agosto, la compañía ya había publicado una solicitud en Maturín, estado Monagas, para un profesional de mantenimiento de equipos de Logging & Perforating, cargo que exige titulación en ingeniería eléctrica o electrónica, de cinco a siete años de experiencia y disponibilidad para laborar tanto en tierra firme como en instalaciones offshore.
Paralelamente al reclutamiento, Halliburton dio un paso estratégico el 21 de septiembre al anunciar la firma de memorandos de entendimiento no vinculantes con dos socios clave: Eneva, uno de los mayores operadores privados de gas natural en Brasil, y WESCA, una firma venezolana de ingeniería. La alianza con Eneva busca identificar proyectos en el sector del gas natural, mientras que el acuerdo con WESCA se centra en la evaluación y planificación para el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos en territorio venezolano. Si bien estos compromisos no implican contratos directos de ejecución inmediata, expanden el margen de colaboración de la compañía en el país.
Este acercamiento se produce tras una serie de antecedentes legales y operativos. De acuerdo con información divulgada por Bloomberg en febrero, delegados de la empresa inspeccionaron instalaciones en las regiones de Zulia y Monagas donde aún conservaban activos. Dicha visita ocurrió después de que las autoridades venezolanas frenaran una subasta judicial de equipos de Halliburton —valuados en casi 6,6 millones de dólares e incluyendo grúas, camiones, cargadores, montacargas, torres de iluminación y plantas eléctricas— debido a gestiones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. La subasta había sido dictaminada en diciembre de 2025 por un tribunal local, hecho que motivó a Halliburton a entablar una demanda contra el Estado venezolano ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial (CIADI).
A pesar del litigio, el presidente ejecutivo (CEO) de la compañía, Jeff Miller, afirmó en su momento que la empresa contaba con la capacidad operativa para reanudar labores en cuestión de semanas, sujeto a la obtención de las licencias requeridas por parte del gobierno estadounidense y al establecimiento de mecanismos de protección para sus cobros.
El panorama jurídico local dio un giro el 27 de julio, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió la sentencia N.º 327. Mediante esta medida cautelar, dictada en respuesta a una petición introducida por la propia empresa en marzo, el máximo juzgado ordenó el reinicio de las actividades productivas de Servicios Halliburton de Venezuela y devolvió a la empresa la posesión, uso y disfrute de los bienes muebles e inmuebles que permanecían embargados en el estado Zulia. El fallo designó a la compañía como depositaria judicial bajo supervisión de un veedor, argumentando la necesidad de resguardar el valor estratégico de la industria petrolera, preservar puestos de trabajo y generar ingresos destinados a cubrir los compromisos laborales que dieron origen a las disputas judiciales.
El paulatino reingreso de Halliburton se enmarca en un contexto dinámico en el que diversas corporaciones petroleras y de servicios internacionales evalúan su retorno o expansión en Venezuela. No obstante, la concreción de estos memorandos y búsquedas laborales en proyectos plenamente operativos enfrentará los desafíos estructurales que aún persisten en la industria local, tales como las limitaciones en infraestructura, las fallas de suministro eléctrico, las restricciones de financiamiento y las capacidades operativas instaladas.