Penalista venezolano denuncia 'artificio jurídico' para evitar declarar la falta absoluta de Maduro y convocar elecciones
El abogado penalista Joel García acusó al oficialismo venezolano de emplear una 'interpretación jurídica' manipulada para eludir la declaración de falta absoluta del Pres
El reconocido abogado penalista venezolano Joel García denunció la noche del martes 7 de enero una supuesta 'interpretación jurídica' impulsada por el chavismo, la cual califica como un 'invento judicial' diseñado específicamente para no declarar la falta absoluta del presidente Nicolás Maduro. Esta medida, según García, tendría como objetivo primordial evitar la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, un mecanismo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ante tal escenario.
Durante sus declaraciones, García cuestionó la base legal de la argumentación oficialista, señalando que se están manipulando preceptos jurídicos para mantener el status quo político. La falta absoluta del presidente, un concepto claramente definido en la carta magna, debería, en su opinión, conducir automáticamente a la activación de un proceso electoral que permita a los ciudadanos elegir a un nuevo mandatario. La persistencia en no reconocer esta situación agudiza la polarización y la crisis de legitimidad en el país.
La controversia legal y política generada por estas interpretaciones tiene profundas implicaciones para la estabilidad de Venezuela, un país con una vasta riqueza energética. La incertidumbre sobre la sucesión presidencial y la aplicación de la Constitución afectan directamente la confianza en las instituciones y la capacidad de gestión gubernamental, lo que a su vez repercute en sectores clave como el petrolero, gasífero y eléctrico, vitales para la economía nacional y regional.
En este contexto, el penalista Joel García enfatizó la urgencia de retornar a la senda constitucional y respetar los mecanismos democráticos para la resolución de conflictos políticos. La exigencia de convocar elecciones no solo responde a una interpretación legal, sino que también es percibida por amplios sectores como una vía fundamental para restablecer la paz social y la institucionalidad en Venezuela, permitiendo así que el país aborde sus desafíos económicos y energéticos con mayor estabilidad y consenso.