Fundehullan condena imputación de manifestantes en Barinas por prolongados cortes eléctricos
La organización Fundehullan ha manifestado su rotundo rechazo al procesamiento judicial de cinco ciudadanos en Barinas, quienes fueron imputados tras protestar por los re
La organización no gubernamental Fundehullan ha emitido una enérgica condena al procesamiento judicial que actualmente enfrentan cinco ciudadanos en el estado Barinas, luego de haber sido imputados tras participar en manifestaciones pacíficas. Estas protestas fueron motivadas por los prolongados y sistemáticos cortes del servicio eléctrico que afectan a la región, sumergiéndola en una constante precariedad energética.
Los ciudadanos en cuestión, aunque actualmente se encuentran en libertad, han sido excarcelados bajo un restrictivo régimen de presentación, lo que limita sus derechos y libertades. Fundehullan ha instado a las autoridades venezolanas a detener de inmediato lo que califica como una persecución contra aquellos que alzan su voz para exigir la garantía de servicios públicos básicos, un derecho fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos.
La situación en Barinas no es un incidente aislado, sino un reflejo de la profunda crisis que atraviesa el sistema eléctrico nacional. A lo largo y ancho de Venezuela, comunidades enteras sufren a diario interrupciones del suministro eléctrico que pueden extenderse por horas o incluso días, afectando hogares, comercios e industrias y deteriorando aún más la ya frágil economía local.
Diversos analistas y expertos en el sector energético han señalado que la raíz de esta crisis se encuentra en la falta crónica de inversión, el deterioro de la infraestructura, la deficiente gestión operativa y la escasez de personal técnico capacitado en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Estos factores han provocado una drástica disminución de la capacidad de generación y transmisión, haciendo que el sistema sea extremadamente vulnerable a cualquier falla.
Desde la perspectiva del sector energético, la criminalización de la protesta ciudadana por la deficiencia de un servicio esencial como la electricidad subraya la gravedad de la crisis. No solo evidencia el colapso operativo, sino que también revela la incapacidad del Estado para dar respuestas efectivas a las demandas de la población, optando en cambio por la represión de la inconformidad social, en lugar de abordar las causas estructurales del problema.
La demanda de Fundehullan trasciende el caso particular de Barinas, al poner de manifiesto la necesidad urgente de una solución integral y sostenible para el sistema eléctrico venezolano. Mientras no se aborden las causas profundas de la crisis energética, la presión social y las protestas por la falta de servicios básicos continuarán siendo una constante en el panorama nacional.
Este escenario genera una preocupación creciente entre las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, que ven en estas acciones judiciales un intento de silenciar la legítima protesta social frente a la ineficiencia gubernamental en la provisión de servicios vitales. La estabilidad social y la confianza en las instituciones se ven gravemente comprometidas cuando el derecho a manifestarse es criminalizado.