EE. UU. extiende protección de Citgo ante acciones de sus acreedores
El Departamento del Tesoro de EE. UU. prorrogó este 16 de septiembre de 2026 la licencia que protege a Citgo Petroleum frente a acciones de embargo de sus acreedores hast
Estados Unidos extendió hasta el próximo 5 de noviembre de 2026 la licencia que protege a Citgo Petroleum, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en suelo estadounidense, frente a posibles acciones judiciales o ejecuciones por parte de seus acreedores, de acuerdo con la información publicada este miércoles 16 de septiembre por el Departamento del Tesoro de ese país.
La medida mantiene temporalmente las restricciones operativas y legales que impiden a determinados acreedores ejecutar acciones sobre los activos, acciones o intereses vinculados a la refinadora sin contar con una autorización explícita emitida por las autoridades gubernamentales estadounidenses. Esta extensión de la licencia protectora se produce en medio de una compleja disputa legal y financiera que involucra a numerosos acreedores internacionales que buscan hacer efectivos sus reclamos y acreencias contra la República Bolivariana de Venezuela y sus distintas empresas estatales.
Citgo Petroleum, con sede corporativa en Estados Unidos, representa uno de los principales activos estratégicos de Venezuela en el exterior. Durante años ha permanecido en el centro de múltiples litigios, procesos judiciales y demandas de arbitraje internacional vinculados con impagos de deudas, procesos de expropiación pasados y diversas obligaciones financieras pendientes del Estado venezolano.
Según los detalles publicados por el Departamento del Tesoro, la protección otorgada por Washington pretende evitar que las acciones unilaterales de los acreedores afecten de manera directa el patrimonio o la operatividad de Citgo mientras continúan los procedimientos legales en los tribunales norteamericanos. La decisión representa una nueva prórroga en el marco regulatorio sobre la compañía, extendiendo el blindaje hasta el 5 de noviembre de 2026 en medio de un proceso judicial que resulta determinante para el destino final del activo venezolano fuera de sus fronteras.