Financial Times: Dudas legales, riesgos políticos y retos amenazan el plan petrolero de Trump en Venezuela
Según el Financial Times, el plan de la Casa Blanca incluye tomar el 35% de NABEP (empresa de Alejandro Betancourt) y un 20% de la producción a costo en 17 campos concedi
El acuerdo anunciado por la administración de Donald Trump para asumir el control operativo sobre 65.000 millones de barriles en reservas petroleras venezolanas enfrenta serios cuestionamientos en los mercados internacionales. Un exhaustivo reporte publicado por el Financial Times revela que, pese a las promesas de dinamizar el sector y reducir las tarifas de gasolina en EE. UU., analistas, juristas y firmas de inteligencia energética advierten sobre elevados riesgos financieros, vacíos legales y limitaciones de infraestructura que ralentizarán su ejecución.
El pacto —negociado con el Gobierno interino encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez— no tendrá un impacto inmediato en el mercado de combustibles y podría desatar una reacción política adversa tanto en Washington como en Caracas, señala el análisis del diario británico.
La arquitectura con NABEP y la participación de Alejandro Betancourt
Uno de los ejes más controvertidos expuestos por el Financial Times radica en la estructura corporativa ideada por Washington:
* Participación estatal de EE. UU.: El gobierno estadounidense prevé adquirir una participación del 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), firma privada dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
* Derechos de compra y prioridad: EE. UU. obtendrá el derecho de adquirir, a costo de producción, un 20% garantizado del volumen extraído en los campos actuales y futuros de la empresa, además de un derecho de primera opción sobre el 80% restante para contingencias de emergencia.
* Concesiones a 100 años: La ficha informativa de la Casa Blanca detalla que NABEP proyecta otorgar licencias o constituciones mixtas para desarrollar 17 campos petroleros mediante concesiones centenarias. La mayoría de estos bloques estuvieron anteriormente bajo el control de operadoras de Rusia y China.
El reporte destaca la sorpresa generada en el sector petrolero norteamericano, que no fue notificado con anterioridad. Gigantes del sector como ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron optaron por no emitir comentarios.
Respecto a la participación de Betancourt —quien ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero en Suiza—, expertos señalan que su rol podría frenar la llegada de capitales institucionales.
"Me cuesta entenderlo: ¿cómo puede ser de interés nacional para Venezuela otorgarle a Betancourt o al Pentágono un papel central en la gestión de importantes reservas petroleras?", cuestionó Ricardo Hausmann, economista de Harvard y exministro de Planificación.
Obstáculos técnicos, CAPEX y plazos de ejecución
La viabilidad operativa para procesar el crudo pesado de los 17 yacimientos plantea un desafío de infraestructura a gran escala, en un contexto donde Venezuela extrae actualmente 1,12 Mbd —frente a los 3,5 Mbd de los años setenta y los 13,8 Mbd que produce EE. UU.—.
"El requisito de inversión es enorme, potencialmente cercano a los 100.000 millones de dólares a lo largo del tiempo, porque el problema no consiste simplemente en perforar pozos", enfatizó Schreiner Parker, socio de la consultora Rystad Energy.
Parker explicó que la recuperación del parque industrial demanda sistemas de recolección, oleoductos, estabilidad en el suministro eléctrico, mejoradores, diluyentes y reacondicionamiento logístico. Bajo las estimaciones de Rystad Energy, tomará al menos 10 años desarrollar plenamente los 17 campos e incrementar la producción en 1,5 Mbd, postergando cualquier efecto directo sobre los precios de la gasolina a los consumidores.
Por otra parte, mientras Chevron alista esta semana un anuncio independiente para expandir sus operaciones existentes en el país, la atracción de nuevos actores independientes sigue siendo compleja.
Vulnerabilidades políticas en Washington y Caracas
El marco contractual enfrenta objeciones de sostenibilidad institucional ante eventuales cambios de gobierno en ambos países:
* Riesgo electoral en EE. UU.: Bob McNally, fundador de Rapidan Energy Group, indicó que el pacto podría ser "al menos reconsiderado, si no terminado" ante un cambio de administración en 2029, ya que un gobierno demócrata buscaría reorientar el capital hacia la transición energética. Asimismo, legisladores como el senador demócrata Chris Van Hollen tildaron el acuerdo de "corrupción a una escala épica", anticipando escrutinio en el Congreso tras las elecciones de mitad de término en noviembre.
* Tensiones internas en Venezuela: Analistas advierten que la percepción de un acuerdo abusivo sobre los recursos del subsuelo genera fricciones tanto en sectores de oposición como en facciones de izquierda, derivando en protestas callejeras en Caracas. Elias Ferrer, fundador de Orinoco Research, prevé un creciente resentimiento contra la administración interina y la presencia estadounidense.